A mediados de enero los vecinos de A Parda, San Mauro y otras zonas del municipio de Pontevedra, el PP, algunas empresas funerarias y otros colectivos presentaron cientos de alegaciones contra la nueva normativa municipal para regular la ubicación de los hornos crematorios. Casi dos meses después, el gobierno local todavía no sabe cuándo podrá cerrar el largo proceso iniciado a finales de 2012 y destinado a resolver la polémica surgida aquel año por la proliferación de proyectos de este tipo.
Fuentes oficiales de la Concejalía de Urbanismo que dirige Antón Louro, admiten que carecen de un calendario concreto para responder a todas las alegaciones, que además son objeto de una revisión «una a una» no tanto porque sean distintas entre sí (muchas de ellas son similares y solo cambia la firma) sino a efectos de posteriores notificaciones. De hecho, aún se trabaja en una base de datos con todos los reclamantes.
Con este aplazamiento, que pueda durar varias semanas, el Concello aún no sabe cuando podrá entrar en vigor definitivamente la nueva normativa urbanística que, en la práctica prohibe todos los crematorios en suelo urbano y solo permite el previsto en suelo rústico detrás del cementerio de San Mauro. Precisamente contra este plan se formulan la mayor parte de las alegaciones por parte de una plataforma que promueve una manifestación por el centro urbano para el próximo día 14.
En materia ambiental, los vecinos exigen que los crematorios se consideran actividades «peligrosas» y se tramiten como tales, con un informe preceptivo y vinculante de impacto medioambiental. En el apartado sanitaria, los alegantes señalan que el Reglamento de la Xunta de Policía Sanitaria Mortuoria no establece condiciones para los crematorios, por lo que los vecinos reclaman que se apliquen las exigidas para los cementerios «ya que no sería lógico ni ético ni racional que a un cementerio se le exija una distancia mínima de 500 metros y no a un crematorio».
En muchos casos, eso sí, los alegantes admiten la necesidad de este servicio en la ciudad pero «deberá ubicarse en lugares fijados al efecto y sin perjudicar a los ciudadanos», de ahí que se emplaza al Concello a pensar «en el interés general» y ubicar estos recintos en terrenos industriales y a más de 500 metros de zonas habitadas.
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Jose Luis Duran Lopez liked this on Facebook.