Ya se sabe que hoy en día lo que mola es el desprestigio de la política y de los políticos. Hay situaciones y hechos más que razonables para ello. Incluso algunos que la practican y se dedican a la cosa pública por voluntad propia, como es el alcalde de Palma, Mateo Isern, la desdeñan y a menudo se declaran como no políticos.
Pues bien, por una vez, los ciudadanos podemos alegrarnos por la presencia de políticos en órganos decisivos de pendientes de la Administración, que han evitado otro atropello –uno más– a los bolsillos de los contribuyentes. Me refiero al rechazo por parte de los integrantes del consejo de administración de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de las propuestas presentadas por dos entidades financieras para la concesión de préstamos a los clientes de esta compañía pública con el fin de posibilitar el pago aplazado de servicios funerarios o de la adquisición de nichos o sepulturas.
Los técnicos, incluyendo la flamante Oficina de Control de la Despesa creada expresamente para controlar y autorizar el gasto en tiempos de crisis y en aras de la política moderna que practica el alcalde Isern, habían dado su consentimiento asegurando que «consideraban adecuada la firma de los convenios». Unos acuerdos que suponían autorizar el cobro de intereses por parte de las entidades financieras de entre el 16 por ciento y el 18 por ciento, considerados como de usura.
Menos mal que uno de los consejeros nombrado por el Partido Popular y que conoce los porcentajes que se manejan en otros productos financieros puso un poco de racionalidad a esta cuestión y coincidió con el planteamiento realizado por la concejala socialista Begoña Sánchez, consiguiendo que el punto se dejara sobre la mesa.
Josep Capó palma@diariodemallorca.es